La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela -controlada por el chavismo- aprobó el 28 de noviembre una ley que ordena penas de entre 25 y 30 años de prisión y multas de hasta un millón de euros (hasta 1.055.680 dólares) para las personas que promuevan o estén implicadas, de cualquier manera, en las sanciones extranjeras impuestas al Gobierno y «autoridades» del Estado.
