El Gobierno de Perú redujo significativamente la zona protegida en torno a las líneas de Nazca, declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1994. Estos grabados desérticos están amenazados por la minería ilegal, y fuentes policiales señalan que el programa gubernamental de regularización presenta múltiples irregularidades y suele ser aprovechado por mineros ilegales.
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