
Un tribunal especial podrá realizar juicios públicos e imponer la pena de muerte a palestinos acusados de participar en los ataques del 7 de octubre de 2023, tras la aprobación de una ley en la Knéset con 93 votos a favor y ninguno en contra. Organizaciones israelíes de derechos humanos advierten que el procedimiento puede derivar en “juicios espectáculo” y sacrificar garantías básicas del debido proceso. Hamás calificó la legislación de “ilegítima” y “racista”.
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