El Senado italiano respaldó la controvertida reforma constitucional que separa las carreras de jueces y fiscales, una de las promesas más emblemáticas del gobierno de Giorgia Meloni. El texto deberá ser ratificado en un referendo previsto para la primavera de 2026, una cita que podría definir el futuro político de la primera ministra. Los críticos alertan que, de ser ratificados, los cambios afectarían la independencia judicial.
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