El fiscal general del estado, Rob Bonta, reveló que su oficina había recibido cientos de informes de especulación con los precios después de la catástrofe natural que arrasó miles de construcciones en Los Ángeles. Se abrieron múltiples investigaciones, a la luz de la ley estatal que prohíbe que los bienes y servicios se cobren más del 10% por encima del precio que tenían antes de una declaración de emergencia.
