Mientras la presidenta Dina Boluarte presenta la ley de amnistía para militares, policías y civiles acusados de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000) como un avance hacia la paz y la reconciliación, sus críticos advierten que esta medida podría abrir la puerta a la impunidad por delitos graves, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y violencia sexual. Además, expresan su preocupación por la posibilidad de que numerosos casos pendientes queden sin justicia y alertan sobre el riesgo de que Perú se retire de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que tendría serias repercusiones a nivel internacional. Para analizar este caso en France 24 hablamos con Gloria Cano, abogada y directora de la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH) en Perú.
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