Dos políticos, un funcionario público y dos expolicías delatados por los asesinos confesos y convictos de la concejal de Río de Janeiro comparecen desde este 24 de febrero ante el Tribunal Supremo de Brasil, para determinar su responsabilidad en un crimen que conmocionó al país y reveló los vínculos entre el poder político y el crimen organizado. Franco fue acribillada hace casi ocho años y la resolución de su caso fue tardía durante la Administración del expresidente Jair Bolsonaro.
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