Una operación militar contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro dejó más de 100 muertos, incluidos agentes de seguridad, y provocó una ola de indignación. Mientras las autoridades defendieron la acción como cumplimiento de órdenes judiciales, el presidente Lula y organizaciones sociales denunciaron el alto número de víctimas y la falta de control federal. La ONU pidió respetar los protocolos internacionales, y diversos sectores calificaron el hecho como un posible “masacre de Estado”.
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