El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha movilizado el aparato político y gubernamental para impugnar las conclusiones de un comité de la ONU, que escaló a la Asamblea General la crisis de más de 133.000 personas desaparecidas en México. La disputa no gira en torno a los hechos, que ninguna de las partes niega, sino sobre cómo nombrarlos y, en consecuencia, sobre quién carga la responsabilidad.
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