En una estrecha votación, la Cámara de Diputados le dio luz verde a la reforma de la ley de glaciares, con la que se otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a estos ecosistemas) en las que se pueden permitir las actividades mineras. Según los adeptos de la norma, esta permitirá más inversión. Pero para sus críticos, podría socavar las medidas de protección de las formaciones de hielo de alta montaña, que constituyen importantes reservas de agua dulce.
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