
El ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, distribuyó una nota oficial a los funcionarios departamentales y regionales que restringirá su capacidad para conceder estatus legal a los migrantes indocumentados. La nueva directriz aumentó de cinco a siete años el requisito de residencia legal en Francia. Solo se concederá la residencia legal a trabajadores de sectores clave y su dominio del francés deberá demostrarse mediante un certificado.