Por primera vez, México eligió por voto popular a la mayoría de los funcionarios de la rama judicial. La elección forma parte de una reforma que impulsó el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que fue aprobada por el Legislativo en septiembre de 2024. No obstante, este proceso histórico y controvertido estuvo marcado por la confusión entre los votantes y una alta abstención.
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