El presidente Daniel Noboa volvió a decretar un estado de excepción por «grave conmoción interna», que justifica como parte del combate contra el crimen organizado. Bajo este régimen, que incluye a la capital y a Guayaquil, las dos principales ciudades del país, se suspenden algunos derechos fundamentales para que la Policía y las Fuerzas Armadas puedan realizar allanamientos e interceptar comunicaciones sin autorización judicial previa.
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