Asesinatos, menores encarcelados, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual… Estos y otros delitos podrían señalar la comisión de «crímenes de lesa humanidad» bajo el estado de excepción en El Salvador, de acuerdo con los hallazgos de un grupo de juristas que denunció los hechos ante la CIDH. Se trata de una medida aplicada desde 2022 por la Administración de Nayib Bukele para, asegura, controlar a las pandillas y reducir la violencia. El Procurador General del país rechaza los señalamientos.
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