El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, renunció a su cargo este lunes 24 de noviembre, luego de que la semana pasada el Tribunal Supremo lo condenara a dos años de inhabilitación–el tiempo que resta al actual Gobierno–por supuestamente filtrar información secreta sobre el caso de fraude fiscal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del opositor Partido Popular. La polémica crece en el país tras una condena que llegó sin pruebas concluyentes.
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